¿Qué tal? :x
Gobierno y departamentos estudian aumentos en las tarifas de los impuestos para carros
Hay dos propuestas en ese sentido. Una, de los gobernadores, plantea que la tarifa que hoy se paga de acuerdo con el valor del vehículo se aumente en 0,5 por ciento.
Así lo explicó la directora Ejecutiva de la Federación de Departamentos, María Teresa Forero. Esto en términos prácticos implicaría que los vehículos avaluados entre cero y 34'697.000 pesos pagarían 2 por ciento y no 1,5 por ciento como es en la actualidad.
Además, los automotores con un valor de entre 34'697.000 y 78'068.000 pagarían 3 por ciento y no 2,5 por ciento.
Los de más de 78'068.000 pesos tendrían un impuesto de 4 por ciento y no del 3,5.
Las motocicletas de más de 125 centímetros que pagan 1,5 por ciento podrían llegar a pagar 2 por ciento y los de transporte público, en Bogotá, que pagan el 0,5 por ciento pagarían 1 por ciento.
La otra propuesta es la del Gobierno y plantea que este impuesto aumente su tarifa en 1 punto porcentual.
Pero además, los departamentos proponen que por cada centímetro cúbico del automotor, se paguen 40 pesos.
Las cuentas de los técnicos de la Federación de Departamentos hablan de que los mayores ingresos anuales por esta vía podrían estar entre 261.232 millones de pesos y 391.848 millones.
¿De qué depende que sea una u otra alternativa? De los acuerdos a los que lleguen las partes, pues, y según fuentes del Ministerio de Hacienda, si bien en diciembre había un acuerdo de unos 7 u 8 artículos, días después los mandatarios regionales llegaron con un proyecto con más de 400.
Buscan concertación
Si el Gobierno llega a un acuerdo con los departamentos y radica un proyecto de ley de reforma tributaria territorial y el Congreso le da el trámite, dentro de poco los propietarios de carros en el país podrían estar pagando más por el impuesto de vehículos.
Aunque el Gobierno tiene la potestad de llegar con su proyecto al Congreso, se sabe que el interés del presidente Uribe y de su ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, es lograr la concertación con las regiones.
¿Qué hay en concreto? A menos de un mes de arrancar tareas el Congreso, lo claro es que el Gobierno nacional no se la jugará con un proyecto de ley que tenga más de 10 artículos.
Es decir que, de entrada, el Ejecutivo le dice no al estatuto que tienen pensado los gobernadores.
El ministro Zuluaga, dijo que el proyecto con no más de 10 artículos le implicaría a los departamentos 400.000 millones de pesos anuales adicionales a los ingresos tributarios departamentales, que para el 2007 representaron casi 3,9 billones de pesos.
Y a pesar de que los gobernadores podrían valerse de un grupo de parlamentarios que radique un proyecto, no lo harán.
Saben que cualquier iniciativa que implique aumento o creación de impuestos deberá contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda.
Por eso prefieren el acuerdo o, en el peor de los casos, irse a cabildear en el Congreso.
También van cigarrillos y los registros
Los consumidores de cigarrillos también tendrían que pagar más por cada cajetilla de tabaco que compren.
La idea de los Gobernadores, que también comparte el Gobierno, es definir una única tarifa para los cigarrillos.
Hoy, mientras que por una cajetilla de 20 unidades de cigarrillo que vale hasta 2.000 pesos se paga un impuesto de 454,23 pesos, por una que vale más de 2.000 pesos de venta al público se pagan 908,47.
Lo que plantean los gobernadores es que se pague un impuesto al consumo de 860 pesos y que la aplicación de esta tarifa sea gradual hasta el 2011. Y es aquí donde, al parecer, está el desacuerdo con el Gobierno, pues éste no quiere la gradualidad.
Los mayores ingresos por este impuesto oscilarían entre los 270.000 millones de pesos y los 353.192 millones, según las cuentas de la Federación de Departamentos.
Los otros temas que irían en el proyecto tributario serían relacionados con el impuesto de registro. Los gobernadores, que contrataron una comisión de expertos para que trabajara en una propuesta, integrada por el ex contralor Antonio Hernández, el ex ministro Guillermo Perry, y el ex delegado en la Contraloría, Luis H. Barreto, plantean que todos los actos y contratos que se manejen a través de las oficinas de registro e instrumentos públicos paguen un impuesto no del 0,5 por ciento, sino del 1 por ciento de lo que registra; los que están sujetos a las cámaras de comercio que pasen del 0,3 al 0,7 por ciento; en negocios jurídicos sin cuantía de 2 a 4 salarios diarios mínimos y en los beneficiarios de vivienda de interés social (VIS) sería de 2 salarios mínimos diarios.
IVONNE VENEGAS MOLANO
REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
