Por pleito de 50 mil millones, Bogotá se retira de la Federación Colombiana de Municipios
Fedemunicipios celebró el fallo, pues para ellos es claro que Bogotá les debe transferencias por pago de multas desde el 2002.
La decisión acaba de ser confirmada por el secretario general, Yuri Chillán.
Hoy, la Alcaldía y esa agremiación mantienen una intensa batalla jurídica por el giro que le debe hacer la ciudad de las multas de tránsito que recauda.
Mientras que el Distrito solo le transfiere el 10 por ciento de las infracciones que la Federación le ayuda a recaudar en otras ciudades del país, y algunas de ellas en mora, la agremiación pide que se le gire el 10 por ciento de todas las multas pagadas en Bogotá
La decisión podría paralizar los trámites de tránsito en el Distrito.
Ayer, en menos de 4 horas, una conjuez fue nombrada, leyó el expediente y condenó a la capital a pagar $ 50 mil millones. Para presionar pago, se ordenó a Mintransporte no enviar formularios de trámites a Bogotá.
Eso significa que traspasos, matrículas, expedición de licencias, emisión de placas, entre muchos otros, no se podrían hacer si el Distrito no paga la mencionada suma, por concepto del cobro de comparendos a través del Sistema de Información de Multas e Infracciones de Tránsito (Simit).
Así lo contempla el reciente fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirma una condena anterior y que tiene escandalizado al Distrito.
Efectivamente, como medida de presión para que Bogotá pague, se le pide al Ministerio de Transporte que deje de enviarle los formularios para realizar trámites de tránsito.
La medida -que podría infartar al sector- se basa en el artículo 18 del Código de Tránsito que le restringe el servicio a los morosos del Simit y que para el ministro Andrés Uriel Gallego tiene claros visos de inconstitucionalidad. Pero esa no es la única perla en esta polémica decisión.
La eficaz conjuez Espinosa
EL TIEMPO estableció que en menos de cuatro horas se eligió al azar a una conjuez para que desempatara el fallo contra el Distrito.
En ese mismo lapso, la conjuez fue enterada de su elección, se posesionó, se le trasladó el expediente, se lo leyó y falló contra Bogotá. El itinerario de la meteórica decisión se inició el 30 de abril, a las 2 de la tarde.
A esa hora, se escogió a la abogada María del Pilar Espinosa Salazar para que desempatara la decisión -que partió de una acción popular- pues si bien el magistrado William Giraldo quería condenar a Bogotá, su colega Manuel Lasso se negaba tajantemente.
Incluso, Lasso hizo un salvamento de voto en el que dice que, contrario a vulnerar la moralidad pública, el Distrito ha evitado que sumas importantes se transfieran a un patrimonio privado.
¿Cómo puede una abogada dirimir en menos de tres horas un fallo de este talante?
EL TIEMPO le preguntó a la conjuez, pero se negó a hablar del tema y colgó abruptamente el teléfono.
Pedirán nulidad y revisión
Sin embargo, el afán por tomar la decisión quedó plasmado en el fallo. En este, se confirma la decisión de primera instancia que condena al Distrito. Pero se equivocan en el día, el mes y hasta en el año.
Además de la sospechosa celeridad en la condena, el Distrito pedirá que se anule la decisión argumentando que no era procedente una acción popular para dirimir el conflicto con Fedemunicipios.
"Nos apoyaremos en el salvamento del magistrado Lasso y en un concepto de la Procuraduría en el que pide que Bogotá no sea condenada", explica Martha Veleño, directora jurídica del Distrito.
También pedirán que el Consejo de Estado revise el caso e insistirán en que la Ley solo los obliga a girarle a Fedemunicipios el 10 por ciento de las multas de otras plazas y no la totalidad de los cobros.
Si la defensa no prospera, Bogotá pagará más de 80 mil millones -sumados intereses e indexación- y en el entretanto, dejará de recibir formularios para trámites de tránsito.
'Tenía que fallar porque me iba'
El magistrado William Giraldo, quien proyectó la decisión y falló contra el Distrito, admite que tenía premura para dejar listos ese y otros negocios, porque ese día era su última sala como magistrado del Tribunal. Cuatro días después, se posesionó en el Consejo de Estado. También acepta que la conjuez tuvo entre dos y tres horas para enterarse del tema y tomar la decisión. No obstante, asegura que la solvencia profesional de la elegida le permitía identificar lo más importante del expediente y fallar en ese lapso.
Además, agrega, que si bien el magistrado Lasso, salvó su voto y estuvo en contra del fallo, facilitó la designación de la conjuez y propició una reunión en su oficina para analizar el proyecto. "Me siento tranquilo con la decisión", dice.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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